El Presidente de la AChM, Germán Codina, señaló que “creemos que esta guía es un aporte, además creemos que es fundamental realizar congresos regionales, para que los alcaldes y concejales, conozcan este documento, y estén mejor preparados para la puesta en marcha de la nueva ley, por lo tanto como asociación nos comprometemos a apoyar estas iniciativas reforzando la convocatoria a nivel nacional”.
El jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo destacó la pronta puesta en marcha de la nueva ley y cómo los municipios deben estar preparados para ejecutarla. “La Ley está dictada, el reglamento está dictado y ahora lo que corresponde es ayudar a los municipios a prepararse en lo que va a ser esta Ley de Aporte al Espacio Público. En términos simples: cuando se densifica de manera importante en una determinada comuna, eso debe venir de la mano con inversión en la comuna, ¿qué tipo de inversión? Inversión de aporte al espacio público, inversiones en proyectos y en una serie de propuestas que los municipios van a tener que ir confeccionando”, comentó.
Mientras que la Vicepresidente de la AChM, Macarena Santelices, alcaldesa de Olmué, valoró la reunión señalando que “a través de esta ley, todas las empresas que quieran invertir en las comunas, deberán retribuir de alguna manera a la comunidad, lo que es un tremendo hito para los municipios del país”.
Esta guía, desarrollada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ayudará a los municipios a cumplir con la nueva ley (que entra en vigencia el año 2020), y que determinó que todos los proyectos que densifiquen una determinada zona deberán contribuir, mediante la ejecución de obras de mitigación, con el desarrollo de los espacios públicos en la comuna, en donde se haya llevado a cabo el proyecto.
El mecanismo establece que todo proyecto que conlleve crecimiento urbano deberá ceder parte de sus terrenos o bien cumplir con dicha sesión mediante un aporte económico. Estos recursos serán recaudados por las municipalidades y sólo podrán ser destinados a la ejecución de obras identificadas en los “Planes Comunales de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIEP)”, el pago de expropiaciones para la materialización de dichas obras, para la actualización de los planes mismos o para gastos de administración.
