- La desigual distribución de los recursos policiales. Ya en 2009, la prensa de la época señalaba que en la zona oriente de Santiago había una dotación policial, cuatro veces superior a la de otras comunas del Gran Santiago. En la actualidad, de acuerdo con la información que disponemos, las comunas de la zona Oriente doblan en dotación policial por habitante a otras comunas de sectores con más problemas, tanto en la Región Metropolitana como en otros núcleos urbanos del país. Como han señalado algunos estudios, el acceso a la información en Carabineros de Chile respecto a la dotación policial por comuna ha tenido importantes restricciones. Es hora de transparentar dicha información para dar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas.
- Reposición de un programa de prevención del delito de carácter permanente para las municipalidades del país. Desde 2017 que no contamos desde el Estado central, con un programa de seguridad que provea recursos y herramientas a los municipios de forma permanente para enfrentar los problemas de seguridad que tenemos en los territorios. El presupuesto de la Subsecretaría de prevención del delito representa un paupérrimo 1.2% del total del presupuesto público para seguridad y justicia. Con este presupuesto ni siquiera alcanza para cubrir necesidades mínimas. Reconocemos otros esfuerzos del gobierno central para proveer tecnología y proyectos por vía de fondos concursables, pero se requiere un esfuerzo mayor y más sostenido en el tiempo. Solicitamos al ejecutivo la reposición de un programa de este tipo, como ha existido en los últimos 20 años.
- Nuevas atribuciones a los municipios, pero sin presupuesto. Se discute en el Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades proponiendo nuevas funciones para los municipios en materia de tránsito y violencia intrafamiliar, pero esas funciones no tienen recursos frescos asignados. Es decir, de aprobarse ese proyecto, se generará una nueva desigualdad: solo los municipios con más recursos podrán implementar de forma eficiente esas nuevas funciones. Solicitamos a los presidentes de la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados y del Senado estudiar seriamente esta situación y corregirla.
- Mayor tasa de homicidios en núcleos urbanos. De acuerdo con el estudio mundial de homicidios (ONU, 2019) Chile tiene una tasa baja de homicidios (3,7 por cada 100 mil habitantes) comparada en el continente americano. Sin embargo, esta ha ido subiendo (en el mismo estudio, 2013, la cifra era de 2,7) y se concentra en comunas de núcleos urbanos. Solicitamos al ministerio del interior la constitución de una mesa de trabajo policial cuyo foco sea la seguridad en nuestras comunas y barrios adoptando medidas inmediatas para que hechos como los sucedidos en Puente Alto no se repitan.
- Barrios y narcotráfico. Valoramos la iniciativa del gobierno de priorizar 33 barrios. Sin embargo, la realidad de penetración del narcotráfico la vuelve insuficiente. De acuerdo con cifras informadas por el ministerio público, en 2017 había 174 barrios considerados como críticos. En estos barrios se concentraban varios factores como falta de prevención o alta concentración de denuncias. De acuerdo con otros estudios también en este tipo de barrios hay una alta incidencia de delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar, además de graves falencias en conectividad, viviendas y áreas verdes, lo que revela la importancia de que los municipios cuenten con recursos para intervenir en estos espacios públicos. Por estas razones, solicitamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito aumentar de 33 a 50 los barrios priorizados.
- Seguridad para todas las comunas del país. Sería injusto señalar que este es un problema de la región metropolitana o de los principales núcleos urbanos del país. En distintas localidades, aún las más apartadas, la realidad del microtráfico o la comisión de otros delitos de carácter rural, tales como el abigeato o el robo de cables, preocupan a nuestras autoridades locales. Es necesario que exista un plan nacional de seguridad que de cuenta de la diversidad de realidades de nuestro país.
- Revaluar el Fondo Común Municipal. Estamos conscientes de que los recursos son escasos frente a las muchas demandas. Sin embargo, existe en el Estado de Chile un instrumento que permitiría redistribuir y apoyar a las comunas: el Fondo Común Municipal (FCM). Es necesario que el Estado Central aumente los recursos que entrega al FCM, igualando el aporte que colocan los municipios, de manera tal de contar, efectivamente, con mayores recursos para seguridad.
- Decimos NO al centralismo y a la inequidad en la distribución de los recursos. Finalmente, hacemos un llamado a las instituciones del estado de Chile cuyo objetivo es la seguridad pública a que adopten las medidas necesarias para evitar situaciones de desigualdad y centralismo en la distribución de los servicios que prestan a la población en barrios y comunas. La seguridad es un bien que cuidar y es un derecho de todos los chilenos y las chilenas.
