Y el martes 25 de este mes, dicha intención concretó un hito con la modificación de la Ley Nº 2.695 (creada en 1979), que busca resguardar los derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz. Esto quiere decir predios de menos de 5.000 metros cuadrados (media hectárea).

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, se mostró satisfecho de lograrlo «en tiempo récord».

«Los alcaldes plantearon que no tenían mayor participación en el proceso de regularización y se enteraban del loteo de la casa cuando ya estaba construida sobre un terreno en zonas de riesgo, muchas veces sin acceso a agua o luz», sostuvo el secretario de Estado.

El jefe de la cartera agregó que «personas de mala fe, en complicidad con los loteadores, asistían al ministerio y regularizaban los títulos de dominio (escrituras de compra-venta, testamentos, actas de adjudicación). Eso no pasará más; queremos ponerle una lápida».

Con el nuevo marco regulatorio, los vecinos tendrán que recurrir a la Dirección de Obras Municipales para solicitar el certificado de informaciones previas que les entregará datos sobre las condiciones urbanísticas. En caso de constatar denuncias por un sitio, el municipio podrá ir a verificar in situ el uso de ese terreno.

«Lo que fortalece esta modificación es evitar la participación mañosa de aquellas personas que dolosamente venden una propiedad transfiriendo derechos donde nadie va a poder ser legítimo propietario», explica Christian González, director ejecutivo de la Amur.

Eso sí, existirán algunas excepciones para preservar a los legítimos dueños. «Cuando un terreno que requiere de regularización pertenezca a comunidades ancestrales (indígenas) o familiares (herencias), se resguardará su condición», precisó la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo.

Fuente: El Mercurio