Los municipios advierten que el gobierno ha indicado que reemplazará los recursos entregados a las 74 comunas del Plan Comunal por cuatro líneas programáticas: Red Nacional de Seguridad, Barrios Críticos, Tecnología y Sello, pero que no saben cómo se materializarán esos anuncios. Asimismo, se ha informado por las autoridades del Ministerio del Interior, que habría recursos para “todos los municipios del país”.
Respecto a esto, el Alcalde Delpin dijo que, “nos sorprende esta afirmación, cuando los recursos anunciados son menores que el 2018, año en que los municipios se vieron perjudicados por una caída en el financiamiento de sus planes, una situación criticada públicamente por nuestra Asociación”.
La AChM precisó que el “Plan Comunal de Seguridad Pública” es un instrumento local de carácter legal y la Ley 20.965, lo incorporó como instrumento de gestión municipal compartiendo igual rango normativo en su elaboración, aprobación, ejecución y evaluación, que otros instrumentos legales de carácter local, como son el Plan de Desarrollo Comunal, el Plan Regulador Comunal, el Presupuesto Municipal Anual, la Política de Recursos Humanos, y que, como consecuencia de lo anterior, se establecen una serie de obligaciones que pueden derivar, eventualmente, en acusaciones por notable abandono de deberes.
Por su parte, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, enfatizó que la gran mayoría de las comunas del país dependen de dichos recursos para poder combatir la delincuencia. “Sin estos recursos no tenemos ninguna posibilidad financiera de ejecutar estos programas con recursos propios. Hay dependencia total de los recursos que se entregan desde nivel central. Peor aún, esta disminución de los recursos no solo afectará la generación de nuevos planes y programas de prevención, sino que ponen en riesgo la ejecución de programas que ya están en curso”, dijo Durán.
Los alcaldes manifiestan que la gran mayoría de los municipios, no cuentan con recursos propios para acometer semejante tarea. La AChM indica que se podría así, privar a las comunidades, donde se han realizado proyectos de prevención exitosos, de un instrumento necesario para su continuidad y quienes tengan como objetivo darles continuidad, a dichos proyectos, no contarán con recursos financieros para realizarlos.
En particular, los municipios se refirieron al punto 133 y 137 del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, impulsado por el gobierno, donde se asegura ingresos de forma regular a los municipios para los planes de seguridad. La Propuesta 133 dice que “La Subsecretaría de Prevención del Delito evaluará mecanismos de financiamiento, de cara a la Ley de Presupuestos 2019, que permitan ingresos de forma regular a los municipios para el desarrollo de los Planes Comunales de Seguridad Pública.”
Del mismo modo, y profundizando el texto anterior, la propuesta 137 señala que “Las organizaciones comunitarias son vitales para una coordinación que garantice la eficacia en el ámbito de la seguridad. Por ello, es fundamental que los municipios impulsen un enfoque de seguridad ciudadana en las mismas, apoyándolas para el acceso a asesoría técnica, promoviendo una relación directa con las policías y facilitando que puedan obtener fondos para el financiamiento de sus proyectos”.
El presidente de la AChM sentenció que “creemos que estos antecedentes no pueden ser obviados, los Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana y los Planes Comunales de Seguridad, requieren del apoyo financiero del Estado”.
Sobre el informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres), este tiene un énfasis procedimental que no es responsabilidad exclusivamente municipal y la evaluación realizada por este organismo ha señalado problemas de diseño y ejecución del programa Plan Comunal. Sin embargo, los problemas que detalla el informe tienen que ver principalmente con el “empozamiento” de los recursos y la larga tramitación burocrática, que da como resultado una demora en las rendiciones. Es decir, estamos ante un problema de procedimiento, de ninguna forma se puede atribuir como responsabilidad de los municipios este proceso, toda vez que esos recursos, su tramitación y supervisión son fijados desde el propio Ministerio del Interior, en cada gobierno.
Los Municipios se refirieron al problema de desfinanciamiento municipal con recursos propios, señalando que una gran cantidad de municipalidades en el país, se encuentran en situación deficitaria de sus finanzas debido a múltiples factores, como la alta tasa de exención del impuesto territorial; las innumerables nuevas obligaciones legales y tareas administrativas que se le entregan al municipio sin el debido financiamiento, lo que hace que sea imposible mantener equilibrado los presupuestos municipales.
Desde el año dos mil, las comunas cuentan con programas preventivos. Es primera vez que se interrumpen estas iniciativas y los sucesivos gobiernos han tenido una política clara respecto a este tema: Plan Comuna Segura (2000-2010), Plan Barrio en Paz (2010-2014), Planes comunales de Seguridad Pública (2014-2018), con sus distintas variaciones, han sido programas que han contribuido, sin duda, a que los municipios y sus comunidades tengan herramientas para prevenir conductas delictivas. Hacemos presente de igual forma que en muchos casos las Municipalidades se ven forzadas a hacer frente a las múltiples obligaciones impuestas mediante ley o por convenios con el gobierno central con fondos propios, lo que jurídicamente no corresponde. Estas situaciones redundan en un desfinanciamiento municipal que dificultará la implementación de diversas políticas públicas de interés nacional.
De aprobarse el Presupuesto con el déficit descrito, se haría un daño a los programas y proyectos Gubernamentales en materias de Seguridad Pública. Se trata de una preocupación compartida por autoridades locales de todos los sectores políticos a quienes representamos con los antecedentes expuestos.
Ver acá estudios sobre: «Análisis sobre los delitos en el País y los recursos hacia los municipios»
