Representantes de la Sociedad Civil, miembros de la red de integridad, instituciones ligadas a la Estrategia Nacional de Integridad (ENIP), junto a parlamentarios, alcaldes, concejales y funcionarios públicos se dieron cita este viernes 10 de marzo para participar del Seminario sobre Integridad en municipios.
Esta actividad, organizada por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia (CIPyT), buscó reflexionar acerca del fortalecimiento de la integridad pública y la prevención de la corrupción en los municipios, todo ello en el marco de dos proyectos de Ley (boletín N°15.523-06 y N°14.594-06) que se discuten en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados y que justamente proponen normas para generar mayores estándares en la prevención y control de la corrupción. Los mencionados proyectos de ley se alinean con la ENIP por lo que el Gobierno los está impulsando.
La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, dio un marco a la conversación al comentar que “la corrupción es un problema que afecta negativamente la calidad de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos, y al desarrollo de nuestra sociedad. Malgasta los recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento y la polarización política y disminuye la confianza en las instituciones”.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lübbert, complementó al subrayar que “la corrupción, más allá de las percepciones, impacta en la manera en que personas se vinculan con el Estado, lo que incluye a los municipios”. Luego precisó que la Estrategia Nacional de Integridad Pública ya tiene objetivos, medidas y trabajamos en el plan de acción con cinco ejes.
Por su parte, la Diputada Independiente y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, Marta González, subrayó que “la corrupción es una prioridad a combatir y debe verse con mirada de Estado, hoy hay que pasar a soluciones concretas, que además se enmarquen en una perspectiva de integridad”.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), su presidenta y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, entregó un panorama general de los municipios frente al tema, al tiempo que enfatizó que “la participación ciudadana vinculante también disminuye la arbitrariedad de decisiones y limita los espacios de corrupción”.
“La mejor fiscalización está dada por la transparencia, pero necesitamos una fiscalización institucional que podemos obtener por la vía de fortalecer a la Contraloría General de la República para que pueda revisar el buen uso de recursos públicos respecto de las ‘cajas negras’ que son las corporaciones municipales” comentó el diputado de Acción Humanista y autor del proyecto de Ley que fortalece las atribuciones de la Contraloría General de la República respecto a las corporaciones municipales y organizaciones comunitarias, Tomás Hirsch.
Prevención y control
Vale destacar que los mencionados proyectos de ley boletín N°15.523-06 y N°14.594-06 apuntan a metas importantes como la incorporación de nuevas normas de probidad y prevención de la corrupción en el desempeño de la función de alcaldes, concejales y la consagración legal de las normas de probidad en la gestión de corporaciones y fundaciones con participación municipal; la profundización de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal y fortalecimiento de los consejos de organizaciones de la sociedad civil; el aumento de los estándares de transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal y en la gestión de corporaciones y fundaciones municipales; la ampliación de las facultades de fiscalización del concejo municipal respecto a la prevención de la corrupción en los municipios y corporaciones y fundaciones con participación municipal, y el aumento de las exigencias de transparencia y fortalecimiento de la obligación de rendición de cuentas para las instituciones privadas que reciben aportes o subvenciones de parte de las Municipalidades.
(Fuente:www.integridadytransparencia.gob.cl)
