Chile confirmó su primer caso de COVID-19 el 3 de marzo, convirtiéndose en el cuarto país de América del Sur en confirmar la presencia del virus en sus fronteras. Para junio, los funcionarios de salud chilenos habían confirmado más de 200,000 casos positivos de coronavirus.

La pandemia atacó a Chile en circunstancias particularmente complejas. Desde 2019, Chile ha enfrentado conflictos sociales, económicos y culturales sin precedentes. El descontento generalizado y la demanda popular de reformas han impulsado el conflicto. Las protestas masivas por la desigualdad económica llevaron al gobierno a ordenar un estado de emergencia e implementar un toque de queda obligatorio. Este malestar en medio de COVID-19 también condujo a la suspensión de eventos internacionales planeados como la reunión de Cooperación Asia-Pacífico y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Prácticamente todas las instituciones —incluidas las autoridades gubernamentales y otras autoridades estatales, la seguridad pública y las fuerzas armadas y los sindicatos— han sido analizadas severamente y acusadas públicamente de fomentar la desigualdad.

Afortunadamente, los políticos llegaron a un acuerdo político histórico en noviembre pasado, que habría permitido una votación el 26 de abril para que los chilenos decidan democráticamente si quieren una nueva constitución y, de ser así, qué órgano constituyente se encargaría de redactarla. Este voto, junto con varias discusiones sobre el diseño institucional y el modelo social de Chile, se pospuso hasta octubre de 2020 debido a la pandemia.

La crisis de salud se abrió paso y obligó al estado a tomar medidas radicales para contener y gestionar la emergencia. En este contexto, Chile ha sido testigo del fortalecimiento del aparato público y la restricción intensiva de los derechos constitucionales, principalmente a través de decisiones administrativas con fines de salud pública.

De hecho, el 18 de marzo, el presidente Sebastián Piñera describió la propagación del virus como una calamidad pública que afecta gravemente el desarrollo normal de las instituciones estatales. Luego declaró oficialmente , de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales, un estado de emergencia constitucional durante 90 días en todo el territorio chileno, que se ha extendido 90 días más.

Este estado de emergencia extiende los poderes de la autoridad política y administrativa para restringir, limitar o suspender los derechos individuales o sociales de las personas en un intento por recuperar la normalidad institucional en el menor tiempo posible. Los poderes específicos que el Presidente podría ejercer en este contexto están establecidos en la propia Constitución chilena y en la ley del estado de emergencia . Estas leyes se relacionan con la restricción de las libertades de movimiento y reunión, la solicitud de propiedad, el establecimiento de limitaciones al ejercicio de los derechos de propiedad y la adopción de medidas administrativas extraordinarias necesarias para restablecer la normalidad.

Además, el Ministerio de Salud decretó , de conformidad con el Código de Salud , una alerta de salud por el período de un año, otorgando mayores poderes a las autoridades del sector de la salud en un intento de centralizar las medidas implementadas durante la crisis. Se han implementado medidas de aislamiento o cuarentena en ciertos lugares. Las medidas también han incluido bloqueos de salud alrededor de ciertas áreas, que prohíben la entrada y salida de personas, así como la implementación de costumbres sanitarias.

Subsecretarios de las redes de salud y de salud pública fueron también otorgan privilegios extraordinarios, tales como la determinación de los precios máximos para determinados productos farmacéuticos, médicos o de salud, elementos o servicios y la limitación de las cantidades de bienes y servicios que se han vendido y entregado a cada persona.

Además, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha declarado un estado de catástrofe para todo el país por un período de 12 meses debido a la propagación de COVID-19. 

Los elementos esenciales de esa declaración incluyen: la simplificación de los procedimientos administrativos; la provisión de beneficios directos a los afectados; control de mercado y medidas de sanción ; y la autorización a entidades públicas para recibir donaciones. Esta declaración es, además de las medidas ya puestas en práctica por el mismo ministerio en relación con el cierre temporal de los lugares de entrada y salida de extranjeros.

Finalmente, bajo un Plan de Emergencia Económica para el Coronavirus , el Ministerio de Finanzas autorizó el llamado «plan constitucional del 2 por ciento» para cubrir los gastos necesarios derivados de la pandemia. Este plan es un conjunto de recursos disponibles para el Presidente y su gabinete para satisfacer las necesidades inmediatas que surgen de las calamidades públicas, cuyo total no puede exceder el 2 por ciento del monto de gastos autorizados por ley para el presupuesto anual ($ 1.4 mil millones actualmente).

El ejercicio legítimo de estos poderes ha sido reconocido por los tribunales superiores de justicia de Chile, resolviendo una multiplicidad de acciones de protección constitucionales, o acciones de amparo. Hasta ahora, la Corte Suprema ha sostenido invariablemente que el poder ejecutivo es responsable de la implementación de la política de salud pública, aún más durante un estado de emergencia, así como de la determinación del mérito, oportunidad, conveniencia y efectividad de una política.

Es irónico que, hasta hace unos meses, en medio de la crisis institucional por la desigualdad económica, los chilenos debatían la posibilidad de despojar a la Administración Piñera de ciertos poderes, incluida una propuesta de algunos activistas para restablecer el parlamentarismo abandonado hace un siglo. Algunos observadores han argumentado que la actual crisis de salud ha llevado a Chile a un ejercicio extremo de presidencialismo, otorgando al gobierno central poderes exponenciales, y relativamente descontrolados, para enfrentar esta calamidad.

Aunque la pandemia finalmente cesará, y el proceso constituyente y su reforma institucional volverán a ser el foco del debate, el alcance y la justificación de las herramientas legales adoptadas por la Administración Piñera durante COVID-19 ocuparán un lugar destacado en el futuro referéndum y en cualquier otro proceso constituyente, particularmente a la luz de la distribución de poderes en el sistema político chileno.

(Fuente: www.theregreview.org)